Hola Humano,

Bienvenido a un cortodocumental de MarginalMedia.

Esta es Breonna Taylor, 26 años de edad, residente de Louisville, Kentucky. Trabajaba como técnico de sala de emergencia en dos hospitales locales tratando a pacientes con coronavirus.

La noche del pasado 13 de marzo, la policía se presentó en su casa con una orden de allanamiento en busca de drogas. Derribaron la puerta con un ariete y tras una breve confrontación con su novio, Breonna recibió al menos ocho disparos y murió en el acto. En la casa no se encontraron drogas

En abril, la madre de Breonna presentó una demanda por homicidio culposo. Pero para obtener justicia, dicen sus abogados, tendrán que superar un obstáculo conocido como "inmunidad calificada", una doctrina legal que, en palabras de la juez Sonia Sotomayor de la Corte Suprema, se ha convertido en "un escudo absoluto para los agentes de la ley".

¿Qué está pasando en los Estados Unidos de América? Tras los recientes disturbios callejeros por el país y el último acto de brutalidad policial que ha dado pie a ellos hay una mezcla de racismo, marginación y opresión de amplios segmentos de la población no blanca, gran número de armas de fuego existentes en el país, un entrenamiento policial que no es el apropiado, un código de lealtad entre la policía que impide que se denuncien los abusos, y sobre todo, una doctrina legal que o no debería de existir o debería de ser profundamente reformada. La policía actúa como si ellos estuvieran por encima de la ley debido algo que se conoce como “inmunidad calificada”. En este cortodocumental exploramos lo que es y el efecto que tiene sobre los actos de brutalidad policial. 

Inmunidad Calificada. Fuera de la Ley ¿Por encima de la ley?

Tristes tiempos los que viven los Estados Unidos de América cuando su presidente está más pendiente de su cuenta de Twitter que del congreso de su Nación. Hace escasos días los periódicos se llenaron de titulares porque al presidente la famosa red social le ocultó su primer tweet por “glorificación de la violencia” como si el presidente fuese un trol más. El presidente había escrito “when the looting starts, the shooting starts” (Cuando comienza el saqueo, comienza el tiroteo).

La frase no es suya, la acuñó el jefe de policía de Miami en 1967 mientras tomaba medidas enérgicas contra los barrios de la gente de color. Ocurrió entonces que en otro estado cercano, Mississippi, la policía había arrestado a un grupo de clérigos de color por usar pacíficamente una sala de espera en una terminal de autobuses designada “solo para blancos”. Cuando los clérigos intentaron demandar a la policía por violar sus derechos civiles, un tribunal dictaminó que los oficiales no deberían enfrentar responsabilidad legal por hacer cumplir la ley "de buena fe y con causa probable".

Y así es como surgió la Inmunidad Calificada. El mismo año que surgió esa frase que el presidente nos recuerda ahora. Si desde entonces ya fue difícil demandar a un policía, en 2009, el Tribunal Supremo dictaminó que los tribunales ni siquiera necesitaban considerar si un policía usaba fuerza excesiva a menos que otro tribunal ya hubiera "establecido claramente" que la misma conducta en el mismo contexto en un caso anterior era ilegal y no merecía inmunidad. ¿Resultado? Los policías se sienten impunes hagan lo que hagan. Si bien es cierto que la inmunidad calificada se refiere solo a demandas civiles. condenar a los oficiales por cargos criminales, como los que Derek Chauvin enfrenta ahora en el asesinato de George Floyd, es extremadamente raro: entre 2005 y 2019, solo tres oficiales fueron declarados culpables de asesinato y se les mantuvo las condenas.

En la práctica, la inmunidad calificada dificulta que las personas presenten demandas contra los agentes de policía, por no hablar ya de ganarlos. Como es el caso de Malaika Brooks:

En 2004, Brooks, una mujer negra que estaba embarazada de siete meses, fue detenida por la policía de Seattle por exceso de velocidad mientras conducía a su hijo de 11 años a la escuela. Brooks creía que había sido detenida por error y se negó a firmar el boleto, pensando, erróneamente, que su firma sería una admisión de culpa.

Los agentes amenazaron con meterla en la cárcel, le retorcieron el brazo por la espalda, le dispararon tres veces con el láser o pistola eléctrica: muslo, brazo y cuello, Luego la  arrastraron a la calle, la pusieron boca abajo y la esposaron.

Brooks demandó a los oficiales, y en 2011 un tribunal federal de apelaciones argumentó que una persona razonable podría concluir que los oficiales habían violado sus derechos constitucionales. Pero los mismos jueces desestimaron su caso, argumentando que ningún precedente había "establecido claramente" que dispararle con el táser a una mujer en las circunstancias de Brooks era inconstitucional en ese momento.

La inmunidad calificada ha creado una paradoja tipo Catch-22 en el derecho constitucional: donde no existe un precedente, un tribunal no puede decidir que un policía haya violado la ley, lo que a su vez asegura que no se establezca un precedente.

En los últimos 15 años, los tribunales han mostrado una tendencia creciente a otorgar inmunidad a los agentes de policía en casos de fuerza excesiva. La Corte Suprema, por ejemplo, ha negado la inmunidad solo dos veces en sus 30 casos relevantes más recientes.

La inmunidad calificada está fallando y personas de todo el espectro político quieren cambiar la ley. Dentro de la Corte Suprema están la juez Sonia Sotomayor posiblemente el miembro más inclinado a la izquierda de la Corte Suprema, pero también uno de los miembros más conservadores del tribunal, el juez Clarence Thomas.

Igual desde la prensa. 

El periódico izquierdista New Republic menciona el caso de tres policías de California acusados ​​de confiscar más de $275,000 en monedas raras de una casa e informar que sólo habían incautado $ 50,000. La Corte Federal de Apelaciones correspondiente dijo que el supuesto robo de $225,000 era "profundamente perturbador", pero desestimó la demanda porque dijo que ningún precedente había establecido que los oficiales no pueden robar en el trabajo.

Mientras el periódico derechista Wall Street Journal menciona el caso de Shaniz West, una mujer de Idaho que al salir de casa para ir a registrar a uno de los hijos en la escuela se encontró a un grupo de policías rodeando su casa. Venían a por su ex novio, a quien buscaban por cargos relacionados con armas de fuego. Ella les dijo que el novio no estaba adentro y les dejo las llaves de la casa por si querían entrar y mirar. El novio no estaba dentro, pero en el proceso de comprobarlo la policía bombardeó la casa con granadas y disparos de escopeta hasta que quedó inhabitable. La mujer se quedó sin hogar y demandó a los oficiales por violar sus derechos de la Cuarta Enmienda. Su reclamo fue rechazado debido a la inmunidad calificada.

Cuanto más raro y escandaloso sea el comportamiento de un oficial, más difícil resulta responsabilizarle de él puesto que ningún tribunal ha impuesto una condena precedente. Parece claro que la inmunidad calificada ha de desaparecer porque no es mas que una barrera para el éxito en las demandas de derechos civiles (y en el momento que escribo estas lineas, Justin Amash, un congresista conservador de Michigan, planea presentar un proyecto de ley esta semana para eliminarla.)

Pero pudiese ser que eliminarla tampoco cambiase el problema de fondo de la brutalidad policial. Sí, aumentaría el acceso a los tribunales, la claridad sobre la ley y la transparencia sobre la conducta de los funcionarios del gobierno; pero por un lado los agentes de policía prácticamente siempre son indemnizados, lo que significa que incluso cuando se les considera responsables de daños, los contribuyentes cubren casi el 100% de la factura; y por el otro la dinámica que dificulta a los demandantes corregir las violaciones constitucionales y disuadir a los funcionarios de mala conducta seguiría estando ahí.

No hay que ir más lejos que el caso de George Floyd para verlo. Tou Thao, uno de los oficiales involucrados en este incidente, fue acusado en 2014 de brutalizar a un hombre de color sin causa probable, dejándolo con los dientes rotos y traumatizado. En 2017, Thao resolvió esa demanda fuera de la corte por $ 25,000, que la ciudad de Minneapolis pagó en su totalidad. Y hace escasos días, ahí estaba parado en la calle observando durante casi nueve minutos como su colega Derek Chauvin ponía su peso sobre el cuello de George Floyd hasta que el cuerpo de éste quedó sin vida.  Hasta ayer lo único que este policía había perdido era su trabajo. Hoy ha sido acusado de ayudar e incitar al asesinato. Cabe preguntarse si estos policías hubiesen sido penalizados de alguna manera que si no fuese por la intensidad de los disturbios que han sacudido la nación

Tristes tiempos los que viven Los Estados Unidos de América, donde los policías se comportan como si la ley no fuese con ellos y no pudiese afectarles, porque gracias a la inmunidad calificada si es, no les afecta.

Hasta la próxima,

La Paz