Y las menores abusadas y bombardeadas por el Ejército, ¿no cuentan?

Y las menores abusadas y bombardeadas por el Ejército, ¿no cuentan?

Como “Máquinas de Guerra”, califico el nuevo Ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, a los 12 niños y niñas que fueron bombardeados por el Ejército Colombiano en un operativo contra la estructura guerrillera del disidente de las FARC alias “Gentil Duarte”.

El bombardeo se llevó a cabo el 2 de marzo en la vereda Buenos Aires, en el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. La denuncia se conoció en El Tercer Canal del periodista Hollman Morris y recogida por diversos congresistas, entre ellos el senador Roy Barreras quien denunció en Twitter: "Indagamos a esta hora por denuncias de padres de familia que informan de una docena de niños desaparecidos y al parecer 4 de ellos muertos en bombardeo el 2 de marzo en Guaviare. Hay 4 cadáveres en morgue de Villavicencio. Exigimos cadena de custodia y protocolo de Minessota". Según la denuncia del periodista Hollman Morris, los menores correspondían a los nombres de:

Samir Sebastián Navarro Esguerra, 16 años
Rosa Marina Jaramillo Gutiérrez, 9 años
Zaira Ruiz Guerrero, 13 años
Karen Nayerly Chaves Triana, 16 años
José David Macías Díaz, 13 años
Yeimi Sofía Vega Merchán, 14 años
Marlon Estiven Mahecha Herrera, 12 años
Jhon Javier Cortaza Cano, (edad desconocida)
Jorge Manuel González López, 14 años
Dann Lizeth Montilla Marmolejo, 16 años
Jhonatan Sánchez Zambrano, 10 años
Sebastián Andrés Varón Rojas, 16 años.

El Ministro, que no es más que un sujeto que no tiene experiencia en la rama militar y que ha sido polémicamente famoso en el país por propuestas estúpidas como un “protestódromo” para los millones de indignados del país; se escudó en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para legitimar el bombardeo, con argumentos como que en aquel campamento se participa de hostilidades, está bien realizar un ataque de aquellas características para la protección de la población civil. Lo cierto es que el mismo DIH cita que ante el reclutamiento forzado de menores, el Estado tiene la obligación de rescatarlos y brindarle protección a sus derechos. Si el Ministro tenía conocimiento, lo obvió y los bombardeó.

Ante estas situaciones no me queda claro si el Ministro en su ignorancia no entiende que un menor de edad reclutado para la guerra es una víctima más del conflicto, o bien de forma inmoral su calificativo es adrede para quitarle la característica de víctimas y legitimar su exterminio. Y aquí cabe hacer otra pregunta, si el Ministro no tenía idea de que en el campamento de Alias “Gentil Duarte” habían menores de edad, ¿qué clase de Inteligencia Militar tiene el Ejército Nacional de Colombia? ¿Cómo con el presupuesto militar más alto de la región se tiene un servicio de inteligencia tan paupérrimo?

Tras los numerosos mensajes enviados por la oposición al Gobierno pidiéndole respuestas claras al Ministro Molano, el partido de Gobierno, el Centro Democrático, hizo lo de siempre. Defender lo indefendible. Margarita Restrepo, congresista investigada por compra de votos en su campaña al Congreso, aseguró: “La responsabilidad por lo que les suceda a los niños reclutados, recae en la estructura armada ilegal que comete el delito. En este caso particular, las disidencias de las Farc son responsables de esta dolorosa noticia que nos hiere como nación”. Evidentemente la culpa también es de grupos como las disidencias de las Farc, pero el Estado como garante de la vida de los ciudadanos, tiene la obligación de proteger la vida de los menores de edad. No bombardearlos. Es increíble como alguien como Molano pudo ser Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), una entidad encargada de la protección de menores de edad.

Aquella retórica de caracterizar a los menores más pobres como enemigos del Estado Colombiano, son estratagemas baratas para quitarle responsabilidades al Gobierno por empujar a comunidades vulnerables a la guerra.

La situación se convierte más indignante cuando votantes e influencers seguidores al Presidente continúan con mensajes belicistas frente a quienes no tienen más opción que cultivar coca, huir y convertirse en desplazados o bien ser reclutados de manera voluntaria o no por grupos al margen de la ley. ¿O es que aquellos que se las dan de moralistas defendiendo la guerra creen que alguien va a transportar un bulto de papa por trochas en un trayecto de más de 20 horas hasta Bogotá?

Este caso recuerda al también polémico bombardeo del 29 de agosto de 2019 en San Vicente de Caguán en el Caquetá, donde el Ejército bombardeó un campamento móvil de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias “Gildardo Cucho”. En el bombardeo 8 menores entre 12 y 17 años, perdieron la vida a manos del Estado que no solo debió protegerles la vida sino darles garantías que en la zona carecen: salud, educación, vida digna, etc. Aquel bombardeo llevó a la caída del entonces Ministro de Defensa, Guillermo Botero. Un empresario que al igual que Molano nunca ha tenido experiencia en la rama militar y que pareciesen carecer de todo tipo de respeto hacia el prójimo y los infantes. (Lea también: “En Colombia la vida no vale nada” aquí en Marginal.TV)

Lo último que se supo sobre el caso fue el hallazgo de una niña de 16 años que sobrevivió al bombardeo y que se sumaría a la lista de supervivientes con alias ‘El Profe’, quien se habría salvado de morir tras haberse ido a dormir lejos de la zona de impacto y empezar a correr cuando empezó el ataque.

Lamentablemente el escándalo no tuvo la mayor transcendencia. El Ministro continúa vinculado a su cargo por aquellas declaraciones y el ejército aún no ha sido investigado sobre su responsabilidad en el ataque. A pesar de las notas periodísticas y mensajes de rechazo desde el extranjero, el Estado se hace el de la vista ciega. Lo mismo sucedió con la violación grupal de la que fue víctima una menor indígena de la etnia embera Chamí, por parte de un grupo de soldados del Ejército en junio del año pasado. La agresión se produjo cuando la menor fue secuestrada y abusada en un batallón del ejército por parte de ocho militares activos. Todo en una zona rural entre los departamentos de Risaralda y Chocó.

Tras ser destituidos e inhabilitados por 20 años por parte de la Procuraduría y de ser retirados del Ejército Nacional, aún no se ha dictado por parte del juez una sentencia para los 8 sujetos y para un noveno quien si bien no abusó sexualmente de la menor, fue custodio del actuar de los otros militares. También se investiga la participación de dos militares más quienes también habrían participado de la violación. Días después de conocida la noticia, saltó otra más ocurrida en Carchi, en Carlosama Nariño. Al parecer dos militares habrían abusado sexualmente de dos menores. Mientras se adelantan investigaciones fueron reasignados a la frontera con Ecuador.

¿Realmente son manzanas podridas o hay un problema más? ¿es percepción o realmente proliferan casos de abuso sexual en menores por parte de los militares?

Días después el Comandante del Ejército, General Eduardo Zapateiro, aseguró que 118 militares activos del Ejército estaban involucrados en abuso sexual contra menores de edad. Para la fecha, 45 de estos sujetos habían sido retirados del servicio mientras los demás continuaban en investigaciones por parte de la Fiscalía, y otros organismos competentes. En octubre del mismo año se conoció otro informe, esta vez realizado por el Ministerio de Defensa, en el cual se denuncia que 288 policías y militares son investigados por abuso sexual a menores. De estos procesos, 242 corresponden a policías, 28 a miembros del Ejército, 16 de la Armada y 2 de la Fuerza Aérea. De los 288 procesos, 148 recibieron algún tipo de sanción (el cual no es especificado en el documento).

Indudablemente estas situaciones deben recibir investigaciones y sanciones serias por parte del Ejército y de la Fiscalía no solo para ejercer justicia sino para ejemplarizar y evitar réplicas en el futuro. Más cuando se han presentado casos que han marcado al país como la menor abusada en Arauca el 3 de octubre de 2010 (quien también abusó de otra menor y la asesinó junto a sus dos hermanitos pequeños); un joven abusado por un sargento en 2017 o el caso del recluta abusado por 4 de sus compañeros en 2006; la bebé de 4 meses abusada por un militar de 19 años en Granada Meta en 2017.

También casos de abuso sexuales a mujeres como el sucedido en Puerto Jordán, Arauca, donde un militar la abusó sexualmente de una mujer en condición de discapacidad; la capitana que fue acosada laboral y sexualmente por el coronel Hernando Garzón Rey, su superior. La denuncia contra el general Mauricio José Zabala Cardona, quien presuntamente habría abusado y acosado a 4 mujeres entre 2014 y 2018. El acoso y abuso sexual del alférez Álvaro Junio Howard Orozco contra cuatro de sus compañeros en la Escuela de Cadetes José María Córdova, en Bogotá.

Para terminar nos quedamos con un twitt realizado por el congresista Roy Barreras: “Matar niños no es un éxito militar sino un fracaso del Estado”. Y sí, el gobierno Duque es un fracaso.

 

-César Zalamea

 Colombia Violencia Guerra contra el narcotráfico Bombardeos  Menores de edad DDHH Guaviare
 05/04/2021

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