En Colombia la vida no vale nada

En Colombia la vida no vale nada

En el país más feliz del mundo (como muchos lo hacen ver), la vida no vale nada: cientos mueren al año por el flagelo del hambre y la precaria salud, la guerra cobra cientos de víctimas mientras en las grandes ciudades cualquier persona puede ser asesinada hasta por el irrisorio precio de 5.000 pesos (1,43 USD), sin contar que puede ser asesinada por un teléfono móvil, un lío de faldas, una discusión y hasta por un alcohólico (aquí abundan por montones) que decide no dejar su vehículo y conducirlo en estado de embriagues. Lo que nos atañe aquí no son las desgracias que marcan el diario vivir de muchas familias en todo el territorio nacional, sino la vida de un gran número de personas que nace destinada a que su vida en más del 90% de los casos no valga un peso y aquellas personas que mueren luchando por un mejor país para estas, aunque a muchos les dé lo mismo.

- ¡Que se mueran los revoltosos! –

Colombia lamentablemente es un país donde pensar diferente te puede llevar a una muerte violenta, sea esta perpetrada o no por el Estado. Siendo uno de los países más desiguales del mundo, donde cientos de niños mueren al año por inanición, donde la violencia en el campo producto de una guerra estúpida entre grupos al margen de la ley y el Estado, es el pan de cada día para cientos, hay gente que cree que vivir en Colombia es el paraíso terrenal, donde las mujeres, la comida y los paisajes son el premio que la vida les otorgó por aleatoriamente haber llegado a esta tierra donde dios agoniza día a día.

Por lo anterior y cientos de motivos más como la corrupción, la muerte de menores en bombardeos, el pésimo servicio de salud, las pocas posibilidades para pensionarse y el desempleo, más de medio millón de personas se manifestó pacíficamente (exceptuando casos aislados de violencia) el 21 de noviembre y más de doscientos mil continúan en las calles hasta hoy lunes 2 de diciembre, para exigirle con marchas, cacerolazos, música en las calles y bloqueos viales, al gobierno del presidente Iván Duque cambios sociales de raíz para el país. Estas multitudinarias marchas llevaron a un apoyo popular tal que la impopularidad del presidente Duque sube como un globo con helio sin control; las manifestaciones han sido tan masivas que decenas de miles de jóvenes llenaron las calles marchando por su derecho a la educación de calidad y gratuita, entre ellos Dilan Cruz.

Dilan era un joven de 18 años a quien tras haberle sido negado un crédito con el Icetex (entidad financiera que otorga créditos educativos) para estudiar Administración de Empresas, había decidido manifestarse para exigir mejor financiación estatal para una educación de calidad, que cientos de jóvenes como él pudiesen acceder a universidades públicas (donde hay carencia de cupos) o bien, financiaciones para estudiar en las mejores universidades privadas del país como Los Andes o La Pontificia Universidad Javeriana.

La vida de Dilan llegó a su ocaso cuando la tarde del sábado 23 de noviembre, en la calle 19 con 4ta, en pleno centro de Bogotá, tomó un gas lacrimógeno que había sido lanzado por el Esmad (cuerpo antidisturbios del país) a la marcha pacífica en la que se encontraba, para lanzarlo hacia otro lado evitando así que un grupo de adultos mayores y otros jóvenes como él, resultaran afectados por los gases, ademán que fue “confundido” por miembros del Esmad como un ataque en su contra, lo cual llevó a que estos dispararan contra él, a menos de 10 metros de distancia con un arma calibre 12 a la cabeza, hiriéndolo gravemente con una recalzada(proyectil de bolsa kevlar con balines dentro)que se incrustó en su cráneo generándole un trauma craneoencefálico penetrante y lesiones. Ataque que lo llevó a la muerte el lunes 25 en horas en la tarde-noche en el Hospital San Ignacio.

Las lesiones y posterior muerte de Dilan desencadenó todo tipo de reacciones y declaraciones en el país, por un lado, los que nos indignamos por el ataque indiscriminado que recibió por parte del agente del Esmad, manifestándonos pacífica y masivamente en todo el territorio nacional exigiendo justicia para Dilan y reparación psicológica, social y económica para su familia; y por otro los enfrentamientos entre grupos radicales de la Universidad Nacional y la Pedagógica contra el Esmad en venganza; y por otro lado más –el más denigrante-, las declaraciones del Estado Colombiano:

Según la Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, el ataque se produjo “en una manifestación violenta”, la cual según vídeos de las cámaras de seguridad, los transeúntes y manifestantes que grabaron la jornada, se evidencia que era pacífica pues los presentes solo realizaban cánticos y lanzaban arengas en contra del Gobierno. Según el presidente Iván Duque, todo esto se trató de un “accidente”cuando está claro que no fue así (de ser un accidente, el uniformado habría de tener algún problema cerebral, pues no es normal que alguien le dispare a un individuo a menos de 10 metros, a la cabeza y con un proyectil con perdigones, proyectil que además está prohibido por el DIH, eso sin contar que Dilan estaba en estado de indefensión. Y cómo no, las bordes y absurdas declaraciones del Comandante de la Policía de Bogotá, el Mayor Hoover Penilla, quien palabras más, palabras menos, aseguró que si los manifestantes “no crearan caos”no habría pasado lo que pasó.

También, la senadora uribista Paloma Valencia, dijo en horas de la mañana del lunes 2 de diciembre, que Dilan “estaba haciendo vandalismo” ya que “se encontraba en la línea de los que estaban atacando al Esmad”, “esas personas que les gusta salir a atacar al Esmad", lo cual en cámaras de seguridad se evidencia que su manifestación fue pacífica en todo momento. Otra declaración que no pudo faltar, fue la maravillosa opinión de la senadora uribista María Fernanda Cabal, quien en twitter culpó a los padresde Dilan por permitirle manifestarse en la calle cuando éste, siendo menor de edad (nada más lejano a la realidad, pues contaba con 18 años) debía estar en su casa en vez de manifestarse por un derecho fundamental, la educación.

En horas de la mañana del jueves 28 de noviembre, Medicina Legal determinó que la muerte de Dilan habría correspondido a un homicidio, por lo cual se espera el actuar de la justicia en contra del uniformado que disparó alevosamente contra el joven. Mientras eso sucede, sectores cercanos al gobierno y el sector más conservador del país pide inmunidad contra el uniformado argumentando que este disparó de forma disuasiva, lo cual líneas atrás quedó claro que no fue así. Tristemente los actos de violencia en contra de los manifestantes no han quedado solo en Dilan. En los ocho días que lleva el paro nacional se han presentado numerosos manifestantes heridos por el accionar del Esmad y la policía. En múltiples vídeos de cámaras de seguridad y aficionados, se ha dejado en evidencia la brutal actuación de los uniformados contra los manifestantes los cuales en la gran mayoría de las situaciones marchan de manera pacífica.

A todo esto, se suman los numerosos uniformados que han sido víctimas de ataques vandálicos, quienes los han atacado también con alevosía generando decenas de policías y miembros del Esmad con lesiones que van desde leves hasta graves. Los casos más extremos se presentaron el día viernes 22 de noviembre cuando en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy, en Bogotá, varios uniformados que evitaban el saqueo a locales comerciales fueron atacados por grupos de vándalos y delincuentes quienes no tuvieron piedad con estos ni siquiera cuando se encontraban en el piso.

Evidentemente la violencia en las manifestaciones es de parte y parte, por un lado, el Estado que ataca manifestaciones pacíficas de manera indiscriminada, con el objetivo de lesionar gravemente y de así persuadir a los demás manifestantes de dejar las calles (lo cual no sucederá por lo menos en un par de semanas), y, por otro lado, uniformados que son víctimas de pequeños grupos de vándalos que quieren hacer de las suyas cuando el país busca la reivindicación de sus derechos, manchando la protesta social y dándole argumentos a la ultraderecha colombiana para desprestigiar la protesta. En cualquier caso, se espera que la justicia actúe para las dos partes, que los uniformados asesinos e inhumanos, los vándalos y los saqueadores, a la cárcel.

¿Bombardear niños?... ¿de qué me hablas, viejo?

El pasado 29 de agosto, en horas de la noche, en la vereda Candilejas, zona rural de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento móvil de las disidencias de las FARC (campamento de insurgentes que está en constante movimiento para evitar el accionar del Ejército Nacional) donde se dio de baja al cabecilla guerrillero, alias ‘Gildardo Cucho’, quien venía siendo perseguido por el gobierno desde hacía meses. El operativo que fue calificado como ‘impecable’ por parte del presidente Duque, tuvo un revés el 5 de noviembre, cuando el senador del Partido de la U, Roy Barreras, realizó un debate de control político bajo el marco de la moción de censura que se adelantaba en contra del para entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, donde se buscaba su caída por el pésimo papel que venía desempeñando en el cargo.

En el debate, el senador develó una noticia desconocida para toda la opinión pública: la muerte de 8 menores de edad entre 12 y 17 años, en el bombardeo contra las disidencias, información que el Gobierno ocultó por la gravedad del asunto. El senador evidenció que el ministro, quien negaba que la información fuera real, conocía desde hacía semanas antes del bombardeo de la presencia de menores de edad en las filas del grupo guerrillero. El ministro, aun sabiendo de la presencia de menores decidió ordenar el ataque contra el campamento. El senador informó que el ministro habría estado buscado tras el bombardeo consejería jurídica frente a un eventual conocimiento de la opinión pública del ataque en contra de los menores.

Días después del debate, se conoció un informe de Medicina Legal junto a declaraciones de familiares, vecinos y conocidos de los niños, que un grupo de menores habrían fallecido víctimas del bombardeo de las Fuerzas Militares, y otro grupo habrían escapado, encontrados en los alrededores y ejecutados por miembros del ejército. Las fuertes declaraciones del Senador, los familiares y vecinos de los menores y de Medicina Legal generaron un revuelo tal, que la comunidad internacional pidió esclarecer lo más pronto posible los hechos, mientras el Gobierno hasta la fecha ha intentado ocultar todo tipo de información.

Mientras eso acontecía, diferentes sectores a favor del uribismo intentaron defender lo indefendible, argumentando que los menores eran delincuentes, un grupo de guerrilleros que estaban en una organización al margen de la ley, intentado así bajar la marea ante tanta indignación popular. Si bien es cierto que los niños hacían parte de un grupo guerrillero, esto no significa que estos hayan decidido irse a la guerrilla para divertirse y jugar a ser Rambo, pues el alistamiento de menores en grupos al margen de la ley y el reclutamiento forzado por parte de estas organizaciones criminales es un tema muy complejo.

Hay varios factores y circunstancias que hacen que un menor de edad termine siendo partícipe de filas guerrillas o grupos paramilitares:

  1. (Caso de muy baja probabilidad) Cuando grupos de menores de escasos recursos en las zonas más abandonadas por el Estado Colombiano deciden por voluntad propia entrar a las filas de grupos al margen de la ley para ganar un poco de dinero y así ayudar a sus padres que viven en condición de extrema pobreza.
  2. (Caso de muy baja probabilidad) Cuando grupos de menores de escasos recursos son entregados por sus padres a grupos al margen de la ley, sea porque estos le deben algo al grupo o bien porque no tienen como alimentarlos/mantenerlos.
  3. Cuando grupos de menores de escasos recursos quedan huérfanos de la guerra, por la poca presencia del Estado Colombiano en sus territorios, no pueden acceder a entidades como el ICBF –Instituto Colombiano del Bienestar Familiar-, y estando en condición de indefensión deciden ingresar a un grupo al margen de la ley para salvaguardar su vida.
  4. (El caso de más alta probabilidad) Cuando grupos de menores de escasos recursos son reclutados ilegalmente por parte de grupos al margen de la ley, quienes los alejan de su familia y amenazan a estos que de huir de sus filas los mataran junto a sus familiares.

Según las declaraciones de los padres de los menores, los vecinos y los habitantes de la zona, los menores habían sido reclutados a la fuerza por parte del grupo guerrillero (aplicando el caso 4 anteriormente listado). Diferentes colectivos de derechos humanos y el ejército tenían conocimiento del reclutamiento forzado, entonces, ¿cómo es posible que el ministro diera la orden de bombardear cuando había que rescatar a los menores de manos del grupo insurgente? ¿cómo es posible que grupos de senadores de ultraderecha en el país justifiquen el bombardeo argumentando que los menores hacían parte de un grupo al margen de la ley? ¿cómo alguien puede ser tan inhumano? Bajo las circunstancias que se encontraba el Gobierno antes del bombardeo, su obligación constitucional y bajo la carta de derechos humanos era preservar la vida de los menores, su obligación era rescatar a los menores de manos del grupo insurgente, preservar los derechos de ellos a toda costa, lamentablemente a un grupo de inhumanos esto no era importante.

En Colombia, la historia de un niño que vive en zonas descentralizadas del país no vale nada. Muchos crecen, no tienen para comer, no tienen para estudiar, no tienen servicio de salud, no tienen protección estatal, si sobreviven a los 8 años pueden ser reclutados por grupos al margen de la ley, y finalmente, el estado que debió proveerle salud, alimentación, estudio y protección, le asesina. 

 

La revolución de las cosas pequeñas

Mucha gente no lo sabe (entre ellos muchos colombianos) que Colombia comprende un territorio de 1’141.748 km2, un territorio más grande que España, Alemania, Reino Unido y Bélgica juntas, con una población de aproximadamente 45 millones de habitantes, convirtiéndose en el tercer país con la mayor cantidad de hispanohablantes en el mundo, solo superado por México y España. Colombia están, pero tan grande, que la vida de millones de individuos pasa inadvertida tanto para el país (el Gobierno y su sociedad) como para el mundo, millones de individuos que no valen nada para un estado opresor y corrupto, para una sociedad vil e inhumana.

En el país, en especial en las zonas más pobres y las más apartadas (casi el 45% del territorio –habitado- nacional), donde no hay cobertura total de servicios públicos, donde la gente no tiene para comer y de tener tiene que cocinar con leña porque no hay gas propano ni natural, donde no hay servicio de salud, carreteras, las escuelas son casi inexistentes, o bien son viviendas a punto de caerse, donde hay poca o nula presencia de la policía/ejército; hay un grupo de personas que aquí se les denomina Líderes Sociales: un grupo de personas que toma la vocería de todo un puñado de personas frente a organizaciones gubernamentales para exigir sus derechos: a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, etc., pero especialmente a la vida.

Estas personas casi anónimas que toman la vocería de grandes grupos de personas que viven en la pobreza convencional y extrema, hacen la revolución de las cosas pequeñas, buscando una mejor vida para los que menos tienen. Los líderes sociales son fundamentales para un eventual cambio social en el país, un territorio con justicia social, pues como en siglos pasados reúnen a adultos y jóvenes para buscar entre todos apartados que luego serán solicitados ante entidades gubernamentales.

Lamentablemente y replicando el título, en Colombia la vida no vale nada, absolutamente nada, y este grupo de personas que solo buscan un bien colectivo, arriesgan sus vidas al convertirse en la piedra en el zapato de diferentes colectivos y organizaciones que ven en todos ellos un estorbo, cucarachas que para ellos no tienen derechos. Terratenientes y señores feudales, multinacionales, burócratas en el poder regional y grupos al margen de la ley, son los enemigos acérrimos de ese pequeño grupo que solo busca bienestar para sus comunidades, marcándolos con un target en su cabeza para su posterior eliminación. El homicidio sistemático contra líderes sociales lleva más de tres décadas, agravándose tras la llegada a la presidencia de Iván Duque. Desde el 7 de agosto de 2018 hasta la fecha, se han contabilizado 106 homicidios contra líderes sociales: casi cada cuatro días asesinan a uno.

Es demoledor para la sociedad colombiana la muerte de sus líderes sociales, quienes sólo están buscando crear un mejor país entretejiendo ideas y posibles soluciones para vivir en paz, por esta razón se ha exigido al Gobierno la protección de los líderes, además de la investigación y posterior judicialización de los responsables de los homicidios contra estos.

Lamentablemente para el Gobierno la muerte de los líderes sociales nunca ha sido un tema relevante. En 2018, finalizando el segundo mandato del expresidente Juan Manuel Santos, el exministro de defensa de entonces, Luis Carlos Villegas, aseguraba que la muerte de los líderes sociales no era un ataque sistemático en contra de estos sino un “lío de faldas”, problemas conyugales que habían llevado a sus homicidios. Tras la llegada de Duque al poder, el presidente informó a la ciudadanía que haría todo por detener los homicidios contra los líderes sociales, sin embargo, las declaraciones de su partido y su exministro de defensa, Guillermo Botero, deslegitimando las acciones de los líderes sociales y los argumentos de sectores políticos y económicos afines al gobierno, como “los dineros ilícitos financian la protesta social”. Argumentos que darían razones a grupos extremistas para exterminar a los líderes sociales.

Por suerte Jesucristo no nació en estas épocas y en estas tierras, de serlo, habría sido vilmente asesinado por un grupo de personas que les teme a los cambios sociales. Por suerte no nació para ser víctima de los comentarios de unos pocos que tachan a los líderes sociales de revoltosos y amigos de los grupos insurgentes. Ojalá algún día la violencia en el país cese; ojalá los niños no tengan que empuñar un arma mientras en su estómago no hay mariposas de un primer amor sino hambre; ojalá la sanidad sea un derecho y no un privilegio; ojalá la sociedad se pueda manifestar sin miedo a morir a manos de uniformados; ojalá la opinión no represente ser el target rojo de los homicidas.

Este artículo va en honor a Dilan Cruz, María del Pilar Hurtado, Brandon Cely, y todos los líderes sociales, manifestantes y gente del común que murió buscando un país mejor.

- César Zalamea.

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