Cuarentena en Bogotá Incompetencia, desalojos y golpizas

Cuarentena en Bogotá Incompetencia, desalojos y golpizas

Siendo lunes 8 de junio, en Colombia hay 39.236 casos confirmados por coronavirus, siendo Bogotá con 12.880 casos, la más afectada. La ciudad se encuentra en cuarentena obligatoria desde el viernes 20 de marzo (decretada por el Distrito; desde el martes 24 decretada por el Gobierno Nacional). A pesar de eso, se vive un auge en casos de contagio por indisciplina social derivada de la incompetencia estatal y las autoridades “competentes”. Por alguna razón que desconocemos a la Policía Metropolitana de Bogotá le es difícil impartir multas a quienes violan la ley, enfocando su accionar en contra de adultos mayores, vendedores informales y estudiantes, quienes no representan ningún peligro para la sociedad. En cambio, su accionar frente a ladrones, crimen organizado, venta ilícita de estupefacientes, arrojo de escombros, basura a deshoras y ahora con las multas a quienes violan la cuarentena por el Covid-19, es muy discutida.

Indisciplina

En medio de la crisis por el coronavirus, el cual nos pone en riesgo a todos, el decreto de la cuarentena en diferentes partes del globo parece ser una buena opción, claro, si se implementa de la manera adecuada. No es lo mismo una cuarentena en China, donde la sociedad respeta las normas, y las autoridades ejercen la ley, a una en un país tercermundista donde todos hacen lo que se les canta y las autoridades no llevan a cabo sus funciones constitucionales.

En Bogotá, la cuarentena se decretó desde el viernes 20 de marzo. Se prohibía a cualquier ciudadano la libre circulación bajo una sanción económica de 936.320 pesos (US$251). Quitando de lado a militares, miembros estatales, trabajadores de productos y servicios esenciales, bancarios, funerarias y cadenas de producción debidamente identificados, las excepciones se ceñían a la salida de una sola persona por familia, siendo exclusivamente para la adquisición de bienes de primera necesidad, asistencia de personas en estado vulnerable (radicados en otro hogar), diligencias bancarias, financieras, y/o 30 minutos en cada franja horaria para sacar a las mascotas a hacer sus necesidades. Las autoridades habían sido facultadas por el código de policía y el estado de emergencia de hacer valer la ley sea con correctivos económicos o de aseguramiento carcelario. Los primeros días fueron de casi absoluto respeto al estado de emergencia, siendo pocos los irresponsables que fueron vistos tanto por otros ciudadanos, como por las autoridades.

A medida que iban pasando los días, la necesidad de familias enteras iba aumentando. El poco dinero que habían recolectado de afán para poder hacer frente los días de cuarentena se había agotado. En su mayoría vendedores informales, tuvieron que salir a trabajar en plena cuarentena para rebuscar dinero para comer. Si bien el Distrito había anunciado una serie de ayudas económicas y en especie a familias de escasos recursos, no tenía una base sólida sobre todos aquellos que trabajan en la informalidad, prostitución o que estaban en inestabilidad laboral (logística nocturna en bares, seguridad en barrios estrato 3 y 4, ornamentadores, carpinteros, repartidores de volantes, etc.). Adicional, las demoras y las inexistencias en recursos para las ayudas, desencadenaron la salida de aquellas personas. Era comer y arriesgarse a contagiarse, o estar “sanos” pero morir de inanición. Es entendible la desesperación de aquellas familias y son las únicas que exculpo de salir, pues no es justo que padezcan hambre por la pandemia y mucho menos por la incompetencia gubernamental.

Aprovechándose de esa situación, inadaptados que nada tenían que ver con esas familias, contando con recursos, trabajo o bien con los pocos subsidios otorgados por el gobierno, salieron a la calle a hacer ‘relajo’ incumpliendo la cuarentena porque les salía de los cojones. Las primeras denuncias públicas contra aquellas personas fue en redes sociales (debido a que muchos han denunciado que la línea 123 de emergencias está saturada). Gente del común grabó y subió a webs como Twitter, como veían desde sus ventanas sujetos que salían en pareja a mercar (cuando estaba limitado salir de a una persona por familia), padres e hijos jugando futbol en zonas verdes, arrabaleros bebiendo cerveza en la vía pública (violando así otro parágrafo del Código de Policía la cual merece una multa tipo 2, de $254.872) y hasta vecinos reunidos en esquinas echando chisme. Trendings topic en Twitter y otras redes solicitaban a las autoridades a poner orden, mano de hierro, hacer valer la ley en localidades como Suba, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Chapinero y Santa Fe, pues aquellos irresponsables no solo se ponían en riesgo y a sus familias, sino a sus vecinos, sin contar que permitirían el retraso continuo del pico de la curva del contagio y el aumento paulatino de la cuarentena generando crisis económicas a más y más negocios, empresas y Mipymes.

¿Qué hizo el Distrito? Nada. En vez de realizar redadas con gran volumen de fuerzas de policías por barrios con denuncias de indisciplina ciudadana, realizar multas y generar un escarmiento privando de la libertad en calabozos por 72 horas a quienes se toman la ley de ‘ruana’, lo que hizo fue, por medio del Secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, hacer un show penoso. Gómez, en una cómica camioneta, se movilizó barrio por barrio, mientras, por medio de un megáfono empezó a gritarle a la gente que estaba por fuera de sus hogares. ¡Gritarles que cumpliera la ley! Claro… como si la gente le fuera a hacer caso. Me imagino a aquellas familias resguardándose y tras dejar de oír la ruidosa voz del secretario, volviendo a salir a las calles a hacer el mono.

Tras semana y media de denuncias masivas en redes sociales, los medios de comunicación empezaron a transmitir imágenes de lugares de Bogotá con multitudes de personas. Ya las denuncias se centraban más en Kennedy, específicamente dentro y fuera de la plaza de mercado mayorista conocida como Corabastos, donde multitudes de personas iban en su mayoría en pareja a realizar mercados masivos por miedo a un ‘desabastecimiento’, mentira la cual llevaban semanas desmintiendo las autoridades. Cámaras de noticieros mostraban como aquellas personas arriesgaban sus organismos a un contagio de Covid-19; multitudes departiendo en las calles como si nada, como si de un domingo más se tratase. ¿Y las autoridades? Nuevamente, poquísimas multas y galones de gasolina desperdiciados en movilizar al Secretario de Gobierno que continuaba gritándole a la gente en vez de ponerla en cintura.

Lamentablemente pasaron los días y la solución nunca llegó. La economía empezó poco a poco a abrirse por orden del presidente Iván Duque para evitar un colapso económico; mientras Kennedy, por el mal actuar de las autoridades y del Distrito tuvo que ser decretada en alerta naranja a mitades de abril debido a un auge en los casos de contagio. Alerta naranja que hasta hoy continúa.

Desalojos en Altos de la Estancia

Y mientras el drama en Kennedy y en otras localidades con masivos contagios crecía, como si de una película o sueño surrealista se tratase, en Altos de la Estancia, un predio abandonado de 46.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, fue invadido por un grupo de personas de escasos recursos. Sin hogar, expulsados de sus viviendas por sus arrendatarios por no pagar el alquiler debido a la coyuntura del Covid-19, numerosas personas arribaron a aquel terreno baldío para construir chabolas que los protegiese del inclemente frío y la gélida lluvia.  El Distrito, aprovechando que no se ensañó contra los infractores de la pandemia, envió al ESMAD y a la Policía a desalojar a la fuerza a esas familias que solo buscaban un lugar para pasar la cuarentena. Enfrentando collejas, palizas, insultos y la destrucción de sus chabolas, esas familias tenían que vivir con el estigma de ser unos criminales para el estado.

Según el Distrito, el terreno de Altos de la Estancia está en peligro de deslizamiento, por lo cual ha sido intervenido en numerosas ocasiones en los últimos 10 años por la Alcaldía. El terreno representa un peligro para quienes construyan una chabola. Pero siendo estas fechas, calamidades públicas producto del Covid-19, ¿por qué el Distrito en vez de ‘encenderlos a golpes’, no reubicó a aquellas familias en centros de acopio, dándoles los servicios básicos para su subsistencia? Todo mientras pasa la cuarentena, las economías se abren y la gente puede salir nuevamente a rebuscárselas para vivir. Probablemente porque para el Distrito es más plausible darle la financiación al ESMAD para atacar indiscriminadamente a la población civil, en vez de gastar dinero en alimentar a “gente indeseable”.

Siempre he pensado que Colombia es la democracia de las ‘tortas’, donde pensar, ser o vivir diferente a como viven ‘los buenos’ y ‘los decentes’, es la excusa para ser machacado por las autoridades que lo hacen pasar legal, o por grupitos de la muerte como los neonazis. Un panorama complejo que si bien no es el peor en países como México o El Salvador donde en vez de sufrir ‘collejas’ eres víctima de sicariato, denigra la dignidad humana.  

 

-César Zalamea.

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 08/06/2020

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